La ley 3287/12 declaró "de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio, sus instalaciones y bienes inmuebles" de la empresa como así "las maquinarias, mobiliarios e insumos existentes", con el objetivo de "propender a la continuidad económica, mantenimiento de las fuentes laborales y explotación en manos de los prestatarios de servicios y trabajadores, en pos de un desarrollo productivo, industrial y social de la provincia de Santa Cruz".
Sin embargo, en el articulado no incluyeron los permisos de pesca que otorga la autoridad nacional competente. Esta omisión llevó al fracaso la expropiación. "Un barco sin permiso no vale nada", recuerda hoy un exfuncionario nacional del área que reconstruye la zaga. La empresa contaba con 330 empleados en el momento de la intervención y posterior expropiación. El gobierno subsidió el pago de los que estaban radicados en Santa Cruz, número que se redujo a 120, pero nunca logró operar.
La fuerte tensión entre el gobierno de Peralta (PJ) en la provincia y Cristina Kirchner en la Nación abogó para que la empresa no salga a flote y quedaron trabados los permisos de pesca. Los siete barcos nunca zarparon, no hubo actividad en las plantas, ni en los frigoríficos, al punto que 100 toneladas de pescados almacenados se pudrieron ante la falta de manutención de los frigoríficos y el olor invadió las calles de la ciudad portuaria. Con camiones el municipio debió retirar la podredumbre y sacarlo de la ciudad.
La aparición de Guillermo Moreno
En 2014 y en plena vigencia del mecanismo implementado por el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno que obligaba a las empresas a tener que compensar cada dólar importado con uno de exportación, conocido como "1 a 1", Vieira SA logró diseñar un acuerdo de explotación y apoyo financiero con el Grupo Newsan , quien comercializaría al exterior lo producido por Vieira SA.
En pleno cepo cambiario , la necesidad de contar con divisas del estado nacional, jugó a favor del acuerdo entre las empresas para lograr revertir la expropiación. Según reconstruyó LA NACION de fuentes que intervinieron en la operatoria, a través de su ministro de Economía, Axel Kicillof y el ministro de planificación, Julio De Vido , operaron en la legislatura santacruceña, con mayoría kirchnerista, para que devuelvan la empresa a sus dueños y de esa forma volver a inyectar al mercado los US$50 millones de dólares que la pesquera facturaba por año.
El dato más curioso, es que los mismos diputados que firmaron la expropiación, dos años después votaron la marcha atrás de la expropiación, dos años después. Después de tres temporadas sin operar, la empresa se reactivó y mantuvo el acuerdo con Newsan por tres años. Aún hoy, aunque achicada, sigue operando en Santa Cruz.
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